Las autoridades de consumo de la UE apuntan a nueve empresas de videojuegos por la moneda dentro del juego

La Red de Cooperación en Protección del Consumidor (CPC), coordinada por la Comisión Europea, lanzó acciones coordinadas a nivel de la UE contra nueve compañías de videojuegos el 30 de septiembre de 2026, relacionadas con prácticas comerciales vinculadas a monedas virtuales dentro del juego, la Comisión anunció. Las acciones pretenden reforzar la protección de los derechos de los jugadores.

Las investigaciones conciernen a Crytek GmbH, InnoGames GmbH, King.com Operations (Malta) Limited, Mojang AB, Plarium Europe S.à r.l., PLR Worldwide Sales Limited, Riot Games Limited, Supercell Oy y Ubisoft EMEA SAS.

El anuncio identificó los juegos Hunt: Showdown 1896, Forge of Empires, Candy Crush Saga, Minecraft, Mech Arena, Gardenscapes, Valorant, Clash of Clans y For Honor como sujetos a una evaluación adicional tras una comprobación del mercado. Se sospecha que las compañías emplean prácticas comerciales que podrían infringir la legislación de consumo de la UE en varios juegos en relación con las monedas virtuales dentro del juego.

Los principios clave detrás de las acciones

Las acciones dan continuidad a los Principios clave sobre monedas virtuales dentro del juego, un conjunto de directrices de la legislación de consumo de la UE que promueven la transparencia y la equidad en el uso de monedas virtuales. La Red CPC adoptó los principios bajo la dirección de la Autoridad de los Países Bajos para los Consumidores y Mercados y la Autoridad Noruega de Consumidores, con coordinación de la Comisión, y los publicó el 21 de marzo de 2025. Los principios describen requisitos mínimos y buenas prácticas para la compra y el uso de monedas virtuales, y también abordan las preocupaciones planteadas por la Organización Europea de Consumidores (BEUC), según la página de acciones coordinadas de la Comisión.

La página describe los principios diseñados para ayudar a la industria de los videojuegos a adaptar sus prácticas y códigos de conducta, proteger mejor a los consumidores y crear una experiencia más segura y transparente para los jugadores. Tras su adopción, la red y la Comisión invitaron a la industria a presentar acciones concretas para cumplir con los principios y garantizar su implementación. En 2025, la red abrió un diálogo con la industria de los videojuegos para asegurar la alineación. La Comisión dijo que el diálogo no dio resultados satisfactorios, por lo que la red procedió a una verificación de mercado e identificó varios juegos que requieren una evaluación adicional. Los problemas de cumplimiento en el sector se están abordando mediante acciones de aplicación coordinadas.

Las acciones del 30 de septiembre tienen como objetivo asegurar que se apliquen los siguientes principios:

• Precios claros y transparentes: mostrar el precio real de los objetos y monedas dentro del juego que los consumidores necesitan comprar para jugar.
• Sin costos ocultos: evitar múltiples monedas o cambios de divisa que hagan que el precio real sea poco claro.
• Sin compras forzadas de moneda: los jugadores no deben sentirse obligados a comprar una cantidad excesiva de monedas virtuales para avanzar o disfrutar del juego.
• Información clara antes de la compra: los jugadores deben disponer de información fácil de comprender antes de adquirir monedas virtuales o artículos dentro del juego.
• Derecho de desistimiento: los jugadores deben ser informados de su derecho a revocar los contratos dentro de los 14 días, incluido el de moneda virtual no utilizada.
• Condiciones justas: los términos y condiciones de los juegos deben ser justos y claros para los jugadores.
• Protección de consumidores vulnerables: los juegos deben ofrecer salvaguardas adecuadas a todos los consumidores, incluidos los usuarios vulnerables como los niños.

También el 30 de septiembre de 2026, la Red CPC adoptó una Declaración Conjunta sobre una Protección del Consumidor más Fuerte en los Videojuegos en todo el mercado de la UE, estableciendo un enfoque común para proteger los derechos de los consumidores jugadores. Las acciones coordinadas forman parte de la estrategia descrita en la declaración. La página de la Comisión indica que el enfoque beneficiará a los jugadores, generará confianza, brindará apoyo y asegurará un crecimiento sostenible de la industria.

Acción paralela que involucra a Activision Blizzard

Junto a las nueve acciones coordinadas, la Red CPC está llevando a cabo una acción paralela con Activision Blizzard UK Limited para garantizar el cumplimiento de la legislación de consumo de la UE en Diablo Immortal y Call of Duty Mobile. El examen abarca cómo se venden las monedas virtuales dentro del juego, cómo se recopilan los datos personales de los jugadores, si los juegos presentan diseños adictivos, la configuración estándar del control parental, el marketing directo a niños, la presentación de información precontractual y el bloqueo de cuentas de juego.

La página de acciones coordinadas de la Comisión indica que esta acción, que involucra a Microsoft Corporation y Activision Blizzard, se lanzó a principios de 2026 y que el diálogo con las empresas está en curso. Si persisten las preocupaciones planteadas, las autoridades de la CPC podrían considerar medidas de aplicación a nivel nacional.

La Red CPC está compuesta por autoridades nacionales responsables de la aplicación de las leyes de protección del consumidor de la UE. Trabajando conjuntamente bajo la coordinación de la Comisión, las autoridades actúan contra infracciones de la normativa de consumo que afectan a muchas personas y que implican a más de un Estado miembro.

Michael McGrath, el Comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección del Consumidor, dijo que aproximadamente la mitad de los europeos juegan a los videojuegos. “El juego debe ser justo y las normas deben respetarse”, afirmó McGrath. “Las autoridades nacionales, con el apoyo de la Comisión, se asegurarán de que se apliquen”.

La Red CPC ha iniciado un diálogo con las empresas individualmente nombradas en las acciones del 30 de septiembre. No abordar las preocupaciones planteadas podría conllevar medidas de ejecución por parte de las autoridades nacionales para garantizar el cumplimiento, indicó la Comisión.